Despenalizar el aborto, controversia pendiente

Desde hace un par de meses diversas organizaciones civiles se encuentran trabajando con los diputados para destrabar el proyecto.

Adriana Carbajal

Los cambios en materia de despenalización del aborto en otras entidades, presiona su discusión en la entidad mexiquense, de ahí que se prevé que en enero los legisladores comiencen su análisis en comisiones, para que después se discuta ante el pleno.

En medio del anuncio de que la Diócesis de Toluca pasará a rango de Arquidiócesis, los legisladores mexiquenses tienen previsto comenzar a discutir en la Cámara local y -durante el próximo año- una de las iniciativas consideradas como de “nueva generación”, tal es el caso de la despenalización del aborto, que a decir de algunos diputados, no es lo mismo que legalización.

Esperanza Arias, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de México (DDESER) dio a conocer que se tiene previsto que, aún y cuando hay bancadas que siguen en contra, el tema de la despenalización se aborde en los próximos días.

Señaló que si bien los diputados de la bancada de Morena cuentan con el respaldo de la ciudadanía, el análisis de la propuesta se ha retrasado por la negativa de algunas bancadas que calificó de conservadoras.

La integrante de esta agrupación, agregó que desde hace un par de meses diversas organizaciones civiles se encuentran trabajando con los diputados para destrabar el proyecto de reforma y legalizar el aborto.

Recordó que si bien en la entidad no hay mujeres encarceladas por practicarse un aborto, hay 38 juicios pendientes de mujeres acusadas por practicarse un aborto, de las que tres lograron un amparo pero quedó en sus antecedentes penales que cometieron un delito, a pesar de que demostraron que fueron interrupciones de embarazo espontáneos.

“Ya nos dijeron los coordinadores parlamentarios que será analizada y discutida en comisiones y el pleno hasta el próximo año, aún y cuando no hay disposición”.

Dijo que urge avanzar en la legalización de esta práctica, pues está en riesgo la vida de cientos de mujeres mexiquenses que se siguen exponiendo a prácticas irregulares para la interrupción del embarazo.

La iniciativa en lo federal y lo local

Hace un par de días, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para despenalizar, en todo el país, el aborto antes de las 12 semanas de gestación, y también para garantizar en el servicio de salud a la interrupción legal del embarazo.

La propuesta de reforma a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal contempla castigos a quienes hagan abortar a una mujer sin su consentimiento y respeta la objeción de conciencia del personal médico que no quiera otorgar dichos servicios.

En el caso del Estado de México, fue también la bancada de Morena en el Congreso estatal que presentó una iniciativa de ley para que en la entidad más habitada del país se permita la interrupción legal del embarazo antes de la décima segunda semana de gestación, es decir, despenalizar el aborto.

A nombre de la bancada de Morena que es mayoría con 38 de 75 diputados, las diputadas Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, plantearon una reforma legal.

La diputada, señaló que la bancada de Morena reconoce el problema que viven las mujeres mexiquenses por la práctica de abortos inseguros, que son la cuarta causa de muerte femenina en el país, lo cual implica, que es una cuestión de salud pública.

“Nos pronunciamos por la discusión a fondo de forma plural, laica, basada en criterios científicos, de justicia e igualdad, para definir la aprobación; porque defendemos el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexiquenses, pero sobre todo el derecho a la vida de aquellas mujeres y niñas que acuden en la clandestinidad a interrumpir el embarazo y luego mueren”: Jorge Olvera García, titular de la Codhem.

Recordó que en la legislación actual, son más de 56 mil mujeres mexiquenses, de 17 a 38 años de edad, las que han acudido a la Ciudad de México para someterse a una interrupción del embarazo de manera legal y asistida.

Es por eso que el PRD presentó su propuesta para permitir la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de concepción en el Estado de México y garantizar que las mujeres que tomen esa decisión reciban una atención médica adecuada.

A decir del PRD mexiquense, a partir de que se legalizó la interrupción legal en la capital del país, en diez años se han registrado 184 mil interrupciones del embarazo en la capital del país, y de esos, 48 mil mujeres eran del estado de México, es decir, más del 25%.

Es por ello que también presentaron la Ley de Amnistía a favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el delito de Aborto en el estado de México, a fin de que se decrete amnistía a las mujeres encarceladas por el delito de aborto por cualquiera de sus causales.

Posturas en contra y diagnóstico 

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Anuar Azar Figuero, resaltó que en la Cámara de Diputados no había un consenso generalizado para votar a favor de despenalizar el aborto en el Estado de México e incluso dijo que en Morena, no todos estaban de acuerdo con esta postura.

Narró que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto del año pasado, en todo el país, existían únicamente 16 internos en los centros penitenciarios federales por el delito de aborto; estos eran hombres, de ahí que no había justificación para permitir que este tema avance.

Actualmente, el Código Penal en su artículo 248 establece como concepción del aborto “Al que provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”.

Las penas son las siguientes: de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa, si se obra sin consentimiento de la mujer embarazada.

Asimismo de uno a cinco años de prisión y de treinta a doscientos días multa, si se obra con el consentimiento de la mujer y de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa si se emplea violencia física o moral.

Además, el artículo 249 precisa que si el aborto lo causa un médico cirujano o partera, además de las sanciones anteriores se le suspenderá de tres a seis años en el ejercicio de su profesión, y en caso de reincidencia la suspensión será de veinte años.

Problema de salud pública 

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem), Jorge Olvera García, señala que se trata de atender un problema de salud pública y de derechos humanos que afecta sobre todo a mujeres vulnerables por pobreza.

“Escuelas, asociaciones civiles, dependencias de gobierno y agrupaciones religiosas, deben colaborar con acciones que garanticen la felicidad y la vida de las personas, no el encono ni la ignorancia”.

Tras calificar como positiva la despenalización de la interrupción del embarazo en Oaxaca, convertida ya en la segunda entidad mexicana que aprueba el aborto dentro de las 12 semanas de gestación, reiteró su llamado respetuoso a la legislatura mexiquense a aprobar la iniciativa de ley que se tiene en análisis, conforme a los principios de igualdad, libertad, seguridad y dignidad de las mujeres.

Refirió que en Oaxaca la Secretaría de Salud reveló que se practicaron dos mil 300 abortos clandestinos al año, pero podrían triplicarse con la llamada “cifra negra”, motivo por el que ahora Oaxaca se pone a la vanguardia no solo en legislación, sino en solidaridad y apoyo con las oaxaqueñas.

Indicó que si bien en el Código Penal del Estado de México se establecen cuatro supuestos: resultado de una acción culposa, de una violación, peligro de muerte de la mujer o si el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas, “sigue faltando considerar la libertad de la mujer, su derecho a decidir o a elegir la maternidad o no.”

Dijo que legalizar la interrupción del embarazo “no implica una puerta abierta a una práctica descontrolada, sino una vía al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a elegir o no la maternidad”.

Sector salud a favor de su despenalización. 

Hace un par de días, el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea, dijo durante su comparecencia ante legisladores locales que el aborto no debería estar penalizado.

Dio a conocer que en la entidad mexiquense de 2016 a la fecha se realizaron alrededor de 65 interrupciones de embarazos que fueron secundarias a una violación o en casos donde corría peligro la salud de la madre, según cifras de la Secretaría de Salud.

Señaló que tras la marcha de cientos de mujeres en la entidad mexiquense, para pedir se apruebe la iniciativa de un aborto legal, seguro y gratuito, aclaró que esta propuesta corresponde al ámbito federal, aunque también reconoció que no tendría que estar penalizado.

“Si me preguntan la posición, yo les debo decir que de manera particular e independientemente de las causas del aborto, yo creo que el acto en sí, el acto del aborto no debiera de estar penalizado”.

Adicionalmente, con el objetivo de prevenir embarazos no deseados entre mujeres adolescentes, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) inició una campaña para la colocación de implantes hormonales entre alumnas del nivel superior y con ello evitar que trunquen sus planes de estudios o desarrollo profesional, informó el jefe Alejandro Vera Carbajal, jefe de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria en Toluca.

Afirmó que la entidad se ubica entre los primeros lugares de embarazo adolescente a nivel nacional, no sólo por la cantidad de población joven que habita en territorio mexiquense, pues por ejemplo las estadísticas del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Instituto de Salud registran que dos de cada 10 embarazos son de mujeres entre los 15 y 19 años.

No respetan la Norma 046

Esperanza Arias, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló que ya se identificó que en muchos de los centros de salud no respetan la Norma 046 que permite a mujeres víctimas de violación practicarse un aborto legal, salvo el de Las Américas y el Hospital Mónica Pretelini, por lo que parte de sus demandas será que se respete la normatividad vigente.

«Se está considerando que sea hasta las 12 semanas, estaremos muy al pendiente, la iniciativa se aborda en el trabajo de comisiones para que lo más pronto posible pueda convertirse en ley, porque ya es una exigencia social. Necesitamos que se materialice y que no se quede en la congeladora, la intención es que trascienda y que avance lo más pronto posible»: Nápoles Pacheco, diputada local de Morena.

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