El círculo vicioso de la extorsión

Martha González Aguilera 

La semana pasada se dio a conocer que la extorsión fue el delito que más se disparó en el Estado de México en el 2019, con un crecimiento del 99 por ciento, lo que nos pone los cabellos de punta a todos los ciudadanos, en especial cuando sabemos en la realidad, más allá de la estadística, que en todas las familias hay al menos una víctima o una persona a la que han intentado extorsionar.

Y es que resulta que, en la modalidad telefónica de este delito, la mayoría de las llamadas ocurren desde el interior de los penales, tanto de la Cdmx como del Estado de México.

Así las cosas, las autoridades ya trabajan en una base de datos con las voces de los reos, tanto los sentenciados como los que están en proceso, para tratar de inhibir el delito.

Suena eso mucho más complicado que simplemente evitar las llamadas, en especial cuando se trata de decenas de miles de voces y tendrían las víctimas que grabar a los extorsionadores para que sean identificados, cosa que difícilmente ocurrirá, porque cuando alguien cae en la trampa, no está en condiciones de hacer este registro.

En fin, el caso es que los penales, al menos los mexiquenses, están fuera de todo control y dentro de ellos gobiernan los delincuentes. Están estos centros excesivamente sobre poblados y eso impide que las autoridades puedan mantener bajo vigilancia a los presos y sus actividades, con lo que evitar las llamadas para cometer delitos es casi imposible.

En esas circunstancias, no queda más que desear que el registro de voces tenga éxito, sea útil para frenar a este tipo de sujetos, aunque lo peor que podría ocurrirles es que les finquen otro delito, les den más años y continúen con sus negocios desde dentro de las cárceles.

La otra es esperar a que las autoridades puedan construir más penales, para que estén en mejores condiciones para imponer el orden. El caso es que no hay dinero para ese tipo de obras y los mecanismos como el propuesto por el gobierno mexiquense, vía Asociación Público Privada (APP), no logran la aprobación de los diputados, básicamente por razones políticas, pues saben de la urgencia de despresurizar las cárceles y lo reconocen.

Los legisladores, todos, dicen que entienden la grave crisis del sistema penitenciario, saben que la única forma de salir de ella es tener más penales, pero no confían en el mecanismo de inversión APP porque en el pasado ha significado dispendio de recursos y, por eso, se niegan a aprobarlo.

Para ellos, el compromiso financiero que adquiriría el gobierno mexiquense no es justificable, dado que con dos penales más no se resuelve del todo el problema, aunque sería un avance. Además, no entienden bien como funcionan las APP, a pesar de que desde el Ejecutivo les han explicado de muchas maneras.

En resumen, las extorsiones telefónicas provienen en su mayoría de penales, mismos que son incontrolables por la sobre población, que solo puede resolverse con más cárceles, pero no las construyen porque no hay dinero –menos con la famosa austeridad- y no aprueban los diputados las APP como mecanismo de financiamiento porque desconfían del Ejecutivo. ¿Qué hacer? ¿recolectar más voces de presos? Mientras, este delito crece 99 por ciento en un año.

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