Falla institucional

Martha González

Ayer el fiscal General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez, dijo que de haber entrado antes, hubiera sido posible rescatar con vida a Jessica «N» de las garras del presunto multi femicida de Villas Santín.

Resulta que la familia dio una entrevista al diario español El País en el que aseguran que estuvieron fuera de la casa donde la joven presuntamente fue asesinada durante cuatro noches con sus días, en espera de que las autoridades intervinieran. Cuando finalmente entraron a la casa, lo que encontraron fue el cadáver de Jessica, que parece habría sido asesinada unas horas antes del hallazgo, más otros dos cuerpos de mujeres.

El fiscal confirmó que tuvieron conocimiento días antes, pero no pudieron intervenir dado que no consiguieron la orden de cateo.

En los días anteriores, ya se había ventilado que incluso tuvieron contacto con el presunto asesino, pero para el momento en que obtuvieron la oren del juez, el sujeto se había dado a la fuga y la joven había muerto.

Las declaraciones del fiscal nos llevan a concluir, nuevamente, que a pesar de que hay avances institucionales contra la violencia feminicida, las políticas públicas no bajan a la realidad porque siempre resulta que alguien comete un error. En este caso, habría que preguntarnos qué fue lo que detuvo al juez, mientras en otros casos es el Ministerio Público quien se niega a recibir la denuncia de desaparición o a emitir la alerta de búsqueda por diversas circunstancias, como el tiempo que lleva ausente la víctima, aún cuando la ley indica otra cosa.

Entonces recordamos cuántas veces hemos visto que diversos funcionarios, de muchas instituciones reciben cursos de sensibilización relacionados con el tema, desde la perspectiva jurídica, de derechos humanos, administrativa y nos preguntamos ¿por qué no funciona?

Por qué si el gobernador Alfredo del Mazo, el fiscal y los secretarios están conscientes de la gravedad del problema, el resto de la estructura no reacciona. Cómo es que se hace público cotidianamente la desaparición de mujeres y luego el hallazgo de cuerpos mutilados, torturados, violados en formas terribles y quienes tienen el primer contacto con los denunciantes no responden a la urgencia del estos asuntos.

Cómo se justifican ante sí mismos estos empleados gubernamentales que se niegan a colaborar cuando las chicas –o chicos, porque también ignoran casos de hombres desaparecidos- aparecen sin vida.

Algo está muy mal en nuestro sistema cuando ni las políticas públicas, ni las leyes ni la violencia que nos ataca como un tsunami hace mella en esas conciencias. Y volvemos al inicio, ¿qué hacer para que todos cumplamos con la parte que nos corresponde?

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