La Revuelta de los Justos

Las fantasías del sistema de fiscalización electoral en México

Las elecciones como parte del proceso electoral democrático en nuestro país, tiene base entre otros principios en el de “equidad”. El cual conlleva a que los actores políticos como partidos y candidatos independientes estén en un plano de igualdad.

Esto conlleva a que todos tengan las mismas oportunidades de difundir su programa o plataforma política, llevar a cabo asambleas o mítines bajo las mismas condiciones.

Uno de los elementos básicos que permiten llevar a cabo estas actividades es precisamente los recursos financieros. De esta manera uno de los principios que rigen nuestros procesos electorales es la equidad en cuanto a los recursos financieros que cuentan los actores políticos. Que uno no tenga mas que otro y así esta circunstancia no sea motivo de un mejor desempeño en difusión o campaña que traiga por efecto el triunfo electoral basado en esta superioridad financiera.

Bajo esta idea se ha construido en México el sistema de financiamiento de los aspirantes a partidos, partidos ya con registro y candidatos independientes.

El Instituto Nacional Electoral como órgano encargado de organizar los procesos electorales y la actividad de los partidos, precisamente en este tema relacionado con el “financiamiento” electoral, tiene la facultad de revisar la fuente u origen de los recursos, el monto de los mismos, así como su destino y aplicación, a efecto de verificar que no se utilicen en nuestros procesos electorales recursos ilícitos ni se rompa con el referido principio de equidad financiera de los actores políticos.

Los puntos clave en este sistema de financiamiento electoral en México son; la estructura mixta de financiamiento, lo que significa que los partidos políticos reciben recursos públicos, pero también pueden recibir financiamiento privado por dos vías, aportaciones de militantes y simpatizantes o autofinanciamiento a través de fondos o fideicomisos.

Además, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la función de fiscalización de estos recursos, buscando con ello que no se rompa el orden en el origen y aplicaciones de los mismos y que bajo el criterio de equidad no se rompan los topes que se establecen al respecto.

En esta actividad de fiscalización bajo el criterio de conocimiento cierto del origen de los recursos se exige que las operaciones se lleven a cabo mediante el sistema bancario mexicano esto con la finalidad de dar el debido seguimiento de los recursos y las personas que intervienen en las operaciones.

Existen actividades que son prohibidas en este financiamiento electoral, como es recibir financiamiento de alguno de los poderes, dependencias publicas, iglesias, organizaciones civiles, personas morales, ni de personas no identificadas.

Precisamente este aspecto de fiscalización tuvo los pasados días un impacto de trascendencia en la vida democrática del país. Como sabemos el pasado viernes cinco de septiembre se llevó a cabo la sesión del pleno del Consejo del Instituto Federal Electoral en el cual entre otras cosas se aprobaron o no los registros de nuevos partidos políticos nacionales.

La razón por la cual algunas organizaciones civiles no fueron aprobados como nuevos partidos políticos fue en concreto problemas con la fiscalización de sus recursos.

Las organizaciones que pretender constituirse como partido político no reciben recursos públicos, en realidad la única fuente de financiamiento es privado. Así que, el problema que presentaron fue relacionado al desconocimiento del origen de los recursos.

El argumento central para esta negativa de registro fue, que las organizaciones que aspiraban a constituirse en partido político no presentaron evidencia que demostrara como es que los particulares que aportaron los recursos habían obtenido los mismos. Esta fue una decisión errónea.

En realidad, estos entes actúan y reciben recursos bajo un criterio de “buena fe” lo que significa que no tienen la obligación de recabar información sobre el origen de os recursos que le son aportados por particulares, y únicamente deben tener la evidencia sobre la identidad de la persona, su identificación cierta y su cuenta bancaria. Esto podríamos traducirlo en un “compliance electoral” el cual tiene ciertos limites, limites que además son coherentes con la actividad de un ente privado que no tiene acceso a “facultades de comprobación” fiscal electoral que por el contrario si tiene el Instituto Nacional Electoral.

Es decir, no pueden trasladarse estas facultades a estos organizamos privados, como serian auditorias, verificaciones, inspecciones, acceso a cuentas bancarias, así como confirmación con terceros como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera entre otras, para erecto de verificar recursos de procedencia ilícita.

Si existieron dudas sobre la procedencia de los recursos que estas organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos usaron para realizar sus actividades, fue un problema asequible al sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y no así a dichos entes civiles.

En realidad, existe una deficiente actividad fiscalizadora del máximo organismo electoral en México, que pretende cargar una obligación institucional a entidades civiles lo cual no solo rompe con el criterio de equidad financiera sino que impacta en el derecho de asociación, libertad de adherencia política y ser votado, que son fundamentales para nuestra democracia.

Dr. Octavio Martínez Camacho

Abogado Penalista Socio del Despacho HMSC.

www.hmsc.mx

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