Ley de Amnistía debe ser parte de una solución integral, coinciden PJ y SJyDH

Toluca

 ADRIANA CARBAJAL 

Autoridades de los tres niveles de gobierno y líderes de agrupaciones sociales se reunieron para analizar la creación de la Ley de Amnistía. El titular del Tribunal Superior de Justicia mexiquense Ricardo Sodi Cuéllar, dijo que la preliberación y está nueva normatividad deben ir acompañadas de un programa efectivo de reinserción laboral pues de lo contrario se generaría un problema social mayor.

En presencia de Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos, además de Octavio Amezcua, de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU; y el activista José Humbertus Pérez, el titular del Poder Judicial dijo que lo ideal no es incrementar penas ni ser severos, sino aplicar la ley con rectitud y seriedad, en tanto que recordó que ya propuso la Cámara Estatal de la Industria Penitenciaria para que por medio del trabajo y la educación realmente se logre la reinserción social.

Refirió que en una actitud de apertura se han recibido comisiones como la de José Humbertus, además de que se han generado esquemas de solución para poder dar a los ciudadanos esquema de orientación sobre los derechos de los preliberados, que hasta este momento suman 787, solo en la época de la pandemia por Covid19.

Reconoció que además se ha hecho un padrón de quienes están en condiciones de preliberación, pues de no hacerlo violarían sus derechos humanos, pues reconoció, muchos no los conocen ni los saben ejercitar.

El secretario de Derechos Humanos, pidió revisar todos los aspectos, sobre todo porque no se pueden derogar los tipos penales y recordó que aunque el sistema penal está diseñado para 14 mil reos, en la actualidad se tienen más de 31 mil.

“Esta ley debe ser un elemento que forme parte de un conjunto de acciones. No es la solución única; se requiere de otras acciones por parte de los tres poderes a fin de que se tenga una política criminal o de justicia que permita garantizar los derechos de todos”. 

Leonel Rivero Rodríguez, director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien llevó la defensa de mujeres violentadas de Atenco, acusó que existe un problema tridimensional para la aplicación de justicia estructural y deficiencias en el ámbito político, social e institucional, que se basa en el alto nivel de corrupción que prevalece en el poder judicial federal y estatal.

“Debemos reconocer que muchas de las fallas estructurales y del sistema de procuración de justicia han sido utilizados para criminalizar la pobreza y judicializar la protesta social”, denunció el abogado. 

El también defensor de derechos humanos manifestó su rechazo a que la comisión de revisión esté a cargo de Poder Judicial, pues no es sano, ya que se enfrentará al “ego de los juzgadores”, y será difícil que acepen cuando sean ellos quienes hayan violado derechos humanos o sentenciado de manera injustificada.

Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos, y representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas apuntó que en los estados hay contextos complejos en los sistemas de procuración de justicia, y reconoció que la propuesta de la bancada de Morena va más allá de la Ley federal de Amnistía.

Dijo que es importante el planteamiento del Congreso Estatal para que sea desde el Poder Judicial y no del Ejecutivo donde se revise la operación de la ley, pero asegurando una asistencia jurídica, que pueda intervenir de manera efectiva en cada caso.

La diputada de morena Mariana Uribe aclaró dará el beneficio de la Amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida, ni por  privación de la libertad a menores de edad, o en casos donde los ilícitos se hayan cometido con violencia, o haya violación a derechos humanos, ni cuando agravantes reincidencia o uso de armas de fuego.

José Humbertus Pérez acusó que en el gobierno de Eruviel Ávila no se destinaron suficientes recursos para la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, ni se garantizó la capacitación de ministerios públicos, policías y peritos, por lo que no se consolidó ni en su fase mínima.

“Muchos de los que están en los penales se les han fabricado delitos, hay una inaplicación del sistema penal acusatorio y el estado debe responder por esos excesos y la propuesta es que esta Ley de Amnistía, considere como una de sus excepciones para que los delitos de alto impacto, sean revisados, porque tampoco es justo que una persona que no cometió un homicidio o un secuestro tengan sentencias de 70 años”. 

Entre los cuestionamientos el legislador de morena Max Correa pidió al presidente del Poder Judicial, dar a conocer su posición sobre funciones que se otorgan a este Poder para consumar la Ley de Amnistía, en tanto que al secretario estatal, sobre el tema de la preliberación, al aclararle que no están invadiendo ninguna esfera.

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