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Trámites rezagados

Martha González

El Dictamen Único de Factibilidad, conocido como DUF, es un documento ideado por la actual administración estatal como mecanismo para simplificar los trámites que un empresario debe realizar para abrir un negocio en el Estado de México.

Se trataba de acortar los tiempos y evitar corrupción, pues así el inversionista debía acudir únicamente a una ventanilla donde resolvería todas la exigencias de las autoridades.

Sin embargo, aunque fue presentado el DUF, no fue aplicable hasta hace poco, dado que se esperaba que la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia emitiera la reglamentación involucrada con este tema.

Como resultado, se acumularon cerca de 4 mil trámites empresariales durante este tiempo que siguen a la espera de resolución.

Como es de esperarse, con esos trámites se acumularon problemas. Los empresarios tuvieron que hacer funcionar sus negocios sin los permisos correspondientes, lo que además generó mayor corrupción por parte de autoridades municipales que aprovechaban esta situación para extorsionar a lo inversionistas, a sabiendas de que carecían del documento.

Total, ahora la Secretaria de Derechos Humanos ha llegado a un acuerdo con los empresarios, quienes ayudarán a agilizar la revisión de los DUF rezagados y con suerte canalizar los más de mil extra que se han acumulado desde que por fin se publicaron los reglamentos.

Parece que a la Secretaría en cuestión se le acumula demasiado el trabajo, pues es a encargada de todas las reglamentaciones de todas las áreas de gobierno.

Lo interesante es que han conseguido llegar a un acuerdo de trabajo y mutuo beneficio con la iniciativa privada, que también servirá para que en el estado las cosas funcionen mejor para todos.

Ahora, lo verdaderamente interesante será saber qué sigue, después de resolver el rezago, si los empresarios seguirán involucrados en este asunto y hasta qué punto, porque al final, serían juez y parte.

La otra cosa pendiente es el de la digitalización de los trámites, que el gobernador anunció con tanto entusiasmo. Se supone que esto sería una realidad a finales de este año, pero el panorama no es alentador.

Moverse al gobierno digital es una aspiración de todos, porque implicaría trámites más rápidos, menos corrupción y mucho más orden.

Sin embargo, esta es otra tarea que tendría que cumplir la Secretaría de Derechos Humanos y que parece que tendrá que esperar.

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