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La responsabilidad del transporte público

Martha González

Ayer un importante número de taxistas foráneos, que usualmente trabajan en Toluca, pretendieron presionar al alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez para que ceda con los operativos de revisión de la verificación vehicular, pero más aún, para que no retire sus bases de la ciudad.

Este tema no es sencillo, por el contrario, y dista de tener una solución sencilla.

Y es que el presidente municipal está en la razón y en su derecho –que es también su obligación- de defender los intereses de los habitantes de Toluca, que no pueden estar mejor representados que en este caso.

Lo cierto es que la contaminación del Valle de Toluca no es cosa de juego y, sin embargo, por demasiado tiempo las autoridades municipales y estatales jugaron con el asunto como carta política.

Es claro que se trata de aplicar la ley, nada más, una que establece con bastante claridad que todos los vehículos que circulan por el Estado de México están obligados a cumplir con la verificación vehicular.

En la ley no dice en algún sitio que los destinados al servicio de transporte público están exentos.
Sin embargo, los taxistas y los camioneros alegan que ”acuerdos” con la Secretaría de Movilidad les eximen del cumplimiento de esta reglamentación.

En el fondo, todo este trabajo le correspondería a la Secretaría de Movilidad, que por cierto, no ha dicho “esta boca es mía”.

El desorden del transporte público es enorme y está extendido por toda la entidad, mismo que el actual gobierno estatal ha procurado revertir, pero apenas va en la primera etapa.

El conflicto actual de Toluca no sólo tiene que ver con la verificación, sino que lo más complejo es el retiro de bases de colectivos foráneos que tiene plagada la ciudad. Los anteriores gobiernos municipales y estatales fueron omisos frente al crecimiento de este fenómeno cuya resolución se ha postergado por demasiado tiempo.

No sólo causan contaminación y desorden en la ciudad, sino que además son un grave foco de delincuencia, escenario de asaltos, secuestros express y violaciones por todos conocidos, pero en los que nadie ha puesto atención de manera decidida.

Hoy, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez les pone cara, con toda la decisión y valentía que eso requiere. Pero el gobierno del Estado no puede hacerse a un lado.

Es muy probable que las razones políticas dicten que lo dejen solo, pero la responsabilidad no puede eludirse así de fácil.

Al final del día, quien maneja las concesiones del transporte es quien tiene el control sobre el sector y ese nos es el alcalde.

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