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La larga historia del tren

Martha González

Las obras del tren interurbano México-Toluca se han complicado más de lo que la presidencia de la República parece saber.

Resulta que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia mañanera desde Valle de Bravo que este proyecto será terminado, pero llevará tres años más, por los altos costos que representa.

Dijo entonces que el costo original de la obra era de 30 mil millones de pesos, monto que ya se ha duplicado y ahora requiere de otros 30 mil millones más para ser terminada, lo que complica la posibilidad de darle continuidad de manera inmediata hasta terminarla.

En estas condiciones, estaríamos en el escenario de que el tren funcionara en el 2022, si bien nos va, porque la información del presidente no es tan buena como quisiéramos, pero al menos resultaba alentadora.

Sin embargo, el asunto se complica gravemente cuando consideramos además otro factor: los conflictos con comuneros y comerciantes de Ocoyoacac.

Y es que el representante legal de los ejidatarios de San Juan Coapanoayan y San Jerónimo Acazulco dice que los negociadores del gobierno federal actual son los mismos del anterior, solo que ahora desconocen por completo los acuerdos conseguidos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que cancela varios años de negociaciones.

Además, persisten los amparos que mantienen detenida la construcción en dos tramos abarcan del kilómetro 28 al 32 pertenecientes a los bienes comunales de San Juan Coapanoayan y del 32 al 36 de San Jerónimo Acazulco, todo sobre la carretera libre Toluca – México, que fueron resueltos por juzgados federales a favor de los ejidatarios hace tres años.

Para colmo, el anterior gobierno federal hizo varios acuerdos con comerciantes de la región, restauranteros que funcionan en la zona cercana a La Marquesa, para recompensarles gastos por el cierre de sus negocios durante nueve meses, que se suponía sería el tiempo que es llevaría realizar los trabajos de esta obra en esa zona.

Esos nueve meses se convirtieron en tres años, durante los cuales no han recibido pago alguno y ahora habrá que sumar tres años más de obras.

Los comerciantes dicen que ahora no sólo les han dicho que desconocen los acuerdos, la compensación o cualquier otro arreglo, sino que hasta los amenazan con cerrarles de manera definitiva sus negocios si insisten en cobrar.

Total, cuando por fin puedan reiniciar las obras, todavía será necesario resolver estos conflictos, así que va para largo.

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