Retos fiscalizadores

Martha González 

Ayer los diputados mexiquenses aprobaron por mayoría reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México con las que modifican los requisitos para ser Auditor Superior.

Ahora, quedan impedidos para buscar esa posición los líderes partidistas y se abre la opción a los ex legisladores -diputados locales, federales y senadores-.

La propuesta fue promovida por el Grupo Parlamentario de Morena y ya había sido aprobada en Comisiones.

Los morenistas aseguran que con estas modificaciones a la ley se garantiza que el Auditor Superior y el propio OSFEM tengan independencia de los partidos políticos y suponen que con ello habría mejores posibilidades de que la fiscalización sea adecuada.

Este asunto se ha discutido ampliamente en los meses recientes, desde que inició el proceso de separación del cargo del anterior Auditor Superior, Fernando Baz, sobre quien los legisladores morenistas hicieron graves señalamientos.

Aseguran que fue cómplice de los desfalcos de anteriores administraciones y que fue omiso a la hora de señalar irregularidades y responsabilidades.

Así, fue “renunciado” en medio de rumores de que incluso revisarían su patrimonio personal, a pesar de que no tenían elementos para señalarle alguna irregularidad al respecto.

En fin, la cosa es que Morena pretende promover a la diputada federal Miroslava Carrillo Martínez como Auditora Superior, razón por la que impulsaron esta reforma.

Carrillo Martínez es abogada de profesión y tiene grado de doctorado en esta materia. En la legislatura federal ha formado parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, el valor principal que le reconocen sus correligionarios es que están convencidos de que es incorruptible y que no se dejará presionar, lo que le permitirá hacer una mejor labor al frente del OSFEM.

Tal vez por eso ayer los grupos parlamentarios de oposición a Morena votaron en contra de esta reforma a la ley, que dicen está hecha a la medida de los intereses de Morena.

Es probable, porque le abre la puerta a Miroslava Carrillo.

Sin embargo, los intereses que llevaron al funcionamiento tan laxo -por decir lo menos- del OSFEM en en el pasado son indefendibles y este sí supone un cambio radical en este tema, pues por primera vez hablamos de la posibilidad real de analizar a fondo las cuentas públicas del estado y municipios, señalar irregularidades y finalmente fincar responsabilidades.

Sin embargo, Morena y la propia Miroslava Carrillo deben ser conscientes de que la responsabilidad es enorme, del tamaño de las expectativas que han generado en este tema en particular.

Reclamar, incluso procesar a funcionarios o ex funcionarios por irregularidades en la aplicación de los recursos públicos es una exigencia de los ciudadanos que no puede ser postergada por más tiempo. Es ya momento de que quienes desfalcan o desfalcaron las haciendas públicas y se enriquecieron con ello den la cara.

Un caso ejemplar serviría para que el resto ponga las barbas a remojar, tanto en el gobierno estatal como en los municipales, que son los más irregulares.

Ahí tenemos a la mano al ex gobernador Eruviel Ávila, que mucho tiene que explicar respecto del desastre en la Secretaría de Salud y la red de hospitales mexiquenses, junto con su secretario de Salud, César Gómez Monge.

Sino empiezan los morenistas por ahí, perderán credibilidad y eso sería para ellos muy peligroso.

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