Sistema Anticorrupción, iniciativa a medias

Sistema Anticorrupción, iniciativa a medias

El Estado de México y Sinaloa, son los únicos dos estados del país que prevén en sus leyes Sistemas Municipales Anticorrupción.

Adriana Carbajal

El Sistema Anticorrupción del Estado de México nació “manco” y no ha cumplido con las expectativas que los ciudadanos esperaban, pues desde que fue creado a nivel nacional tuvo fallas de origen, considero el contralor del Poder Legislativo Victorino Barrios Dávalos, quien indicó que en tanto sus integrantes sigan percibiendo un salario (superior a los 100 mil pesos), este organismo no podrá funcionar de forma correcta.

A dos años de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, solo 41 municipios de los 125 cuentan con un comité municipal, lo que muestra como la implementación efectiva de este sistema está en el último lugar de prioridades tanto del gobierno estatal, como de los municipales.

En el caso del gobierno estatal, obedece al reclamo de algunos consejeros, como lo fue de Palmira Tapia, por la entrega de recursos por parte del gobierno mexiquense (durante el 2017) aún y cuando éstos ya habían sido designados.

En el caso de los municipios, porque a decir del contralor legislativo, a los presidentes municipales, tanto de las anteriores administraciones, como de las actuales, poco a nada les ha interesado este tema, tan es así que solo 41 de los 125 municipios, ya confirmaron su sistema anticorrupción municipales.

Afirmó que se trata incluso, de municipios pequeños con poca población y poco impacto en el tema y en los que sus alcaldes manan de distintos partidos políticos, por lo que este tema, aclaró, va más allá de colores partidistas.

Conformación y funcionamiento

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), nació en 2015 con una reforma a la Constitución de la que se derivaron nuevas leyes y reformas que se sumaron a otras ya existentes.

A nivel nacional existe una iniciativa para modificar el artículo 113 constitucional es la incorporación de los Sistemas Anticorrupción en los municipios y en las alcaldías de todo el país, por lo que si esta iniciativa es aprobada, 2 mil 457 municipios estarán obligados a crear estas instancias ciudadanas.

En el caso del Estado de México, a través de la creación del Sistema Estatal logró adelantarse, pues junto con Sinaloa, son los únicos dos estados del país que prevén en sus leyes Sistemas Municipales Anticorrupción.

En la Ley del Estado de México se establece un Comité de Participación Ciudadana (CPC) municipal integrado por tres ciudadanos elegidos a través de un proceso análogo al que se aplica desde la Ley General para el estado.

En este ordenamiento, define el funcionamiento del Comité Coordinador Municipal, conformado por el titular de la Contraloría Municipal, el titular de la Unidad de Transparencia del municipio y un representante del CPC.

NC 1 Desde la aprobación de la Ley Estatal Anticorrupción en el Estado de México, en mayo de 2017, se han integrado 41 Comités municipales de 125, reconoció el propio contralor mexiquense Victorino Barrios Dávalos, quien señaló que aunque eran muchas las expectativas en el país, poco se ha avanzado, incluso hace unos días, quien fuera secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Josefina Román, buscó un espacio en otra dependencia y fue electa comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Es por ello que ahora el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, tendrá que llevar a cabo un nuevo proceso para elegir a quien deberá concluir el cargo de la ahora integrante del INAI, quien apenas duró en el cargo, poco más de un año.

Trabajo de la Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva es el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, se encarga de proveerle asistencia técnica, además de formular programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos de la Secretaría Ejecutiva y presentarlos para su aprobación; fijar sueldos y demás prestaciones, así como recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

De la misma forma, establece los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos y actúa como secretario del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones, registrar y certificar los acuerdos y los instrumentos jurídicos que se generen, elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales, solo por mencionar algunas.

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas y programas de combate a la corrupción.

Además de aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, detección, control, transparencia, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como su evaluación y emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos respectivos.

Este sistema no agarrará a los corruptos, pero vigilará a quienes sí lo hagan

Victorino Barrios Dávalos, contralor de la Legislatura mexiquense aclaró que entre las atribuciones de este sistema, lejos está la de detectar y castigar a los “corruptos”, como muchos podrían entender, pues en pocas palabras, se encargará de llevar de la mano a seis instituciones que forman parte del mismo, para después plantearles y exigirles resultados.

Aunque a decir del funcionario, ha faltado mucho para el adecuado funcionamiento de este organismo y en primer lugar reorganización, “creo que la gente esperaba más, pero se ha convertido en un elefante constitucional e institucional”.

Recursos y salarios 

Conforme al Portal Marcaje Legislativo, las instituciones que forman parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México tendrá casi 5 mil 600 millones de pesos para operar y solo la Fiscalía General de Justicia mexiquense tendrá 4 mil 463 millones de pesos, mientras que la Secretaría Ejecutiva y las otras instituciones que integran el comité coordinador tendrán un presupuesto de 93.5 millones de pesos que les permitirá operar, y de cual pagarán los salarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, mismo que supera los 100 mil pesos al mes.

Ello conforme a información publicada por varios medios de comunicación, toda vez que hasta ayer por la tarde no se podía acceder a la página oficial de este organismo http://cpcedomex.org.mx/cpc/.

El contralor legislativo aclaró que si bien desconoce la actividad exacta que perciben los integrantes del Comité de Participación, mientras dependan de un salario que proviene de gobierno estatal y por lo tanto, exista una dependencia financiera, poco podrán hacer.

Lamentó que desde su nacimiento a nivel nacional el Sistema Anticorrupción está mal planteado, su funcionamiento no es creíble y ni siquiera cuenta con un formato adecuado para declaración de bienes, “creo que siempre le ha hecho falta…no ha cumplido con la expectativa”.

Acciones

Entre las más recientes acciones emprendidas, destaca la de la Secretaría de la Contraloría, pues en su calidad de integrante del Comité Coordinador (CC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), junto con el Comité de Participación Ciudadana (CPC), acordó formular hoy un pronunciamiento, con relación al acuerdo por el cual se emitió el nuevo Formato de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses y sus normas, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2018.

Lo anterior, en el marco de la primera reunión extraordinaria del año 2019, celebrada por el CC ayer martes 19 del presente, y hoy en sesión ordinaria del CPC, pronunciamiento en el cual se señala que:

“Para el SAEMM son prioritarios los nuevos Formatos de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así como sus normas; y consideramos fundamental que dichos formatos sean útiles para la adecuada investigación de la evolución patrimonial de los servidores públicos”, refiere el documento.

Asimismo, agregaron que en tanto se define por parte del Comité Coordinador del SNA, si se realizan modificaciones al Formato de Declaración Patrimonial y Declaración de Intereses, se considera que todos los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones en los formatos que se utilicen en el ámbito federal, de conformidad al Transitorio Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Más bien lo que el organismo hará es exhibir a cualquiera de las seis dependencias que no estén haciendo bien las cosas y que no estén actuando contra aquellos que cometen irregularidades”: Victorino Barrios Dávalos, contralor de la Legislatura mexiquense.

Poco avance

Desde mayo de 2017, cuando se aprobó la Ley Estatal Anticorrupción en el Estado de México, se han integrado 41 Comités municipales de 125, señaló el contralor mexiquense Victorino Barrios Dávalos, quien reconoció que aunque eran muchas las expectativas en el país, poco se ha avanzado.

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